EDITORIAL: TARJETA ROJA

La suspensión del alcalde es noticia. Lo informó oportuna e ilustrativamente, Norberto Nova en Vanguardia el 28 de abril. Es noticia porque que suspenden al jefe de la casa, al hombre que rige los destinos de la municipalidad, a la más alta dignidad de San Gil, a la persona que 6.141 votantes apoyaron hace tres largos años, esto no puede pasar inadvertido. Acá no se cuestiona a la persona de Orlando Rodríguez Villar, más sí a la institucionalidad que el representa.

El proceso versa en una contratación que supera por 300 mil pesos el monto permitido (8 millones 800 mil) en la Ley 80 de contratación estatal, por la figura que se utilizó. Minúscula suma, minúsculo detalle, pero craso error. Rodríguez se defiende argumentando que sus asesores de entonces no le advirtieron. Muy bien, a primeras luces no es corrupto, es incompetente. Menos mal que tuvo buenos asesores cuando fue concejal de San Gil y cuando fue director regional del Inurbe. Menos mal. ¿Qué diría Juan Gossain de todo esto?

La suspensión del alcalde tiene varios vectores. Uno es el tiempo, tanto en resolverse la segunda instancia teniendo en cuenta las pruebas taxativas del proceso y sobre lo cual Trujillo Rangel, se basa en derecho. Como de los irrisorios 60 días de suspensión, comparados con los 10 años iniciales. Respeto profundamente la Procuraduría, y creo en la buena fe y obranza de sus providencias, no quiero pensar (como muchos en San Gil, incluido Feliz Rueda quien me autorizó escribirlo, y Henry Chaparro que lo dijo por Radio Reloj) que la Procuraduría Regional obra a imagen y conveniencia del Representante Jaime Duran Barrera. VADE RETRO, Dios nos libre de conspiraciones maquiavélicas de tal calibre.

Preguntas asaltan el sentido común: ¿Por qué actúa el alcalde con parquedad ante un hecho tan significativo? ¿La premura de la aprobación de la autorización para el empréstito de los 2.500 millones de pesos, obedece a una jugada planificada sabiendo de antemano la suspensión? ¿Se retrasaría la suspensión en espera de aprobarse el proyecto de endeudamiento? ¿Las facultades aprobadas por los concejales para que el alcalde maniobrara financieramente, están dirigidas a manipular el presupuesto con miras a las elecciones de octubre, y favoreciendo a que candidato? ¿Qué contratos y quienes saldrán beneficiados, teniendo en cuenta el tiempo de garantías electorales que opera a partir de dos meses?

Para las respuestas a lo anterior, cabe citar el clásico aforismo del derecho romano: “Cui prodest”:”A quien le sirve”. A quien le conviene, a quien le sea mas útil. Le serviría entonces a los intereses electorales, pero sobre todo económicos, de un pequeño sector político que se beneficiaria con una eventual continuidad en el poder, así sea tras bambalinas. Le serviría.

Recordemos el informe del control excepcional de auditoria, realizado por la Contraloría General de la República, para el municipio de San Gil vigencias 2003, 2004 y 2005. En desarrollo de esa auditoria se establecieron 41 hallazgos administrativos negativos, de los cuales 10 con incidencia fiscal por $800.985.695 y tres con incidencia disciplinaria por $3.513.486.297. Trasladados estos a las autoridades competentes. Los malos, por lo visto, asesores ¿Tendrán que ver en estos actos? Como no es corrupción, ¿Lo atribuimos a la incompetencia rampante? Vaya uno a saber.

El gobernador debe escoger el reemplazo de Rodríguez, de terna presentada por el Movimiento ganador de las elecciones. Con quien designe Aguilar, estará enviando un mensaje de apoyo para su aspiración a conquistar la alcaldía de su patria adoptiva. Veremos a que casa respalda Aguilar.

Nicolás Maquiavelo lo describe magistralmente en El Príncipe, donde reza que en el arte del engaño, es menester uno que lo haga y otro que lo permita.